Análisis comparativo de los métodos de investigación judicial en la Justicia Transicional con Paramilitares y FARC-EP, centrado en el principio de plazo razonable en delitos de violencia de género

Abstract

La presente investigación se origina a partir de la prolongada dilación en la resolución judicial de casos de violencia de género cometidos por paramilitares y guerrilleros de las FARC, en el marco del conflicto interno armado, que se tramitan bajo los procedimientos determinados en la justicia transicional en Colombia, y que agrava la vulnerabilidad de las víctimas, desincentiva su participación dentro de los juicios, y perpetúa el sentimiento de impunidad. Bajo esta premisa, se planteó como objetivo general, determinar de qué manera los métodos de investigación judicial dentro de los trámites de las leyes 975 de 2005 y su adición en la Ley 1592 de 2012; y la Ley 1957 de 2019 aplicados a los casos de violencia basada en género, se alinean con el principio del plazo razonable, en procura de asegurar una justicia, pronta, oportuna y eficaz; se optó por un enfoque metodológico cualitativo de corte hermenéutico-jurídico, fundado en el análisis documental de normas internacionales y nacionales relacionadas con la violencia de género y el plazo razonable para el trámite de las investigaciones judiciales contra los agentes implicados en ese tipo de delitos. Estos documentos normativos se confrontaron con las leyes 975 de 2005, 1592 de 2012 (Justicia y Paz) y la Ley 1957 de 2019 (JEP), para analizar de forma comparativa el alcance del principio del plazo razonable que deben aplicar los operadores judiciales en la investigación de los casos de violencia basada en género en el marco del conflicto interno armado. Esto permitió identificar, por un lado, avances en la incorporación del enfoque de género y la diversidad de fuentes probatorias y, por otro lado, la persistencia de obstáculos estructurales, insuficiencia de recursos operativos y resistencia de algunos actores armados para reconocer su responsabilidad en delitos de violencias de género. Los resultados indican que, si bien la JEP ha implementado estrategias más integrales y sensibles que la Ley 975 y la Ley 1592 de 2012, aún se requiere hacer ajustes en términos de celeridad, sostenibilidad e infraestructura del sistema judicial para estos asuntos. A modo de conclusión la investigación sugiere la necesidad optimizar recursos y fortalecer la capacitación de los operadores de justicia para lograr una respuesta institucional que garantice el cumplimiento del principio de plazo razonable en la resolución de los casos, a fin de materializar el derecho a la verdad y a la justicia para las víctimas de delitos basados en violencias de género cometidos por paramilitares y guerrilleros de las FARC-EP, en el marco del conflicto interno armado en Colombia.