Análisis de la política pública indígena de Bogotá (2011-2021) en el marco de la garantía de derechos para la comunidad Tubú Hummurimassá víctima de conflicto armado

Abstract

La presente investigación tiene como objetivo principal analizar la política pública dirigida a los pueblos indígenas en Bogotá durante el período 2011-2021, centrándose en la comunidad Tubú Hummurimassá que es víctima de desplazamiento forzado. Se evidencia que aunque la política pública ha contribuido a materializar algunos derechos de la comunidad Tubú Hummurimassá, las acciones afirmativas no son sostenibles en el tiempo y no generan un impacto transformador en una comunidad indígena en condición de desplazamiento forzado en la ciudad. Se resalta la necesidad de involucrar activamente a las comunidades en la planificación y ejecución de los programas públicos, reconociendo sus cosmovisiones y leyes de origen. Se enfatiza en la importancia de una reparación transformadora que permita el cierre de las relaciones de poder y reconozca la legitimidad de las comunidades indígenas. Se sugiere una mayor articulación interinstitucional y un enfoque diferenciado y prioritario para las víctimas del conflicto armado. Es posible concluir que la política pública para pueblos indígenas en Bogotá debe contemplar un abordaje de manera más efectiva las necesidades de las comunidades afectadas por el conflicto armado, promoviendo una participación activa y respetuosa de sus derechos colectivo y usos y costumbres con el fin de materializar procesos que respondan a sus realidades y necesidades específicas.

The main objective of this research is to analyze the public policy directed towards indigenous peoples in Bogotá during the period 2011-2021, focusing on the Tubú Hummurimassá community, which is a victim of forced displacement. It is evident that although public policy has contributed to materializing some rights of the Tubú Hummurimassá community, affirmative actions are not sustainable over time and do not generate a lasting impact. The need to actively involve communities in the planning and execution of programs, recognizing their worldviews and laws of origin, is highlighted. Emphasizing the importance of transformative reparations that allow the closure of power relations and recognize the legitimacy of indigenous communities. Greater inter-institutional coordination and a differentiated and prioritized approach to victims of armed conflict are suggested. It can be concluded that public policy for indigenous peoples in Bogotá should address more effectively the needs of communities affected by armed conflict, promoting active and respectful participation of their collective rights and customs in order to materialize processes that respond to their specific realities and needs.