Análisis del déficit en la administración pública de los servicios de aseo en Granada Meta

Abstract

Los sistemas de servicios públicos, particularmente la gestión de residuos, son parte de la obligación humanitaria global. Según las Naciones Unidas (ONU), un asombroso número de 3.5 mil millones de personas en todo el mundo carecen de servicios de saneamiento gestionados de manera segura, lo que pone de relieve el impacto de los problemas de saneamiento en términos de los desafíos para el desarrollo sostenible (ONU, 2020). La prestación de servicios públicos está regulada en Colombia por la Ley 142 de 1994, que prescribe que estos deben ser entregados de acuerdo con principios de eficiencia, calidad y continuidad. A pesar de estos datos, los informes del Departamento Nacional de Planeación y la Superintendencia de Servicios Públicos indican que los municipios intermedios y pequeños del país enfrentan deficiencias en la cobertura y calidad de los servicios de gestión de residuos en términos de servicios prestados en la recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos. De manera similar, el DANE informó que las áreas urbanas tienen más del 80% de cobertura de gestión de residuos en el país, pero la calidad del servicio y la frecuencia de recolección siguen siendo desiguales en las áreas de servicio, especialmente en lugares con limitaciones institucionales. Lo vemos en el municipio de Granada por la provisión de servicios de limpieza. Según las estadísticas urbanas, la cobertura de los servicios de gestión de residuos en el área urbana alcanza aproximadamente el 86%, lo que significa que, aunque la mayoría de la población tiene acceso a los servicios, todavía existen problemas en la cobertura y la calidad del servicio. En las áreas rurales, sin embargo, se estima que el 96% de la población gestiona los residuos a través de prácticas informales como la quema o el enterramiento, que son perjudiciales para el medio ambiente y peligrosas para la salud pública. Este caso ilustra las fallas de la gestión institucional en la planificación, el control y la supervisión del servicio desde el punto de vista de la administración pública, lo que lleva a un impacto negativo en la calidad de vida de la comunidad y en la percepción pública.