Indemnización Judicial de las Víctimas del Bloque Norte de las AUC, en el Proceso de Justicia y Paz, vista desde la perspectiva de los encargados de la administración y monetización de bienes

Abstract

Colombia necesita superar de manera definitiva los fenómenos de violencia que han afectado su desarrollo económico y social desde mediados del siglo XX. Independientemente de las críticas que, en su momento, recibió el acuerdo del gobierno Uribe con las organizaciones de autodefensa y que dio origen a la Ley de Justicia y Paz y a otras normas complementarias, o de las críticas que, por el otro lado, recibió el gobierno de Juan Manuel Santos, tras la firma del acuerdo con las FARC, a pesar de haber perdido el referendo popular a que fue sometido, las víctimas, más que nadie, merecen y necesitan ser resarcidas para poder continuar con sus vidas. Sin embargo, inconvenientes como los que enfrenta el FRV en su gestión de administrar y monetizar bienes, se han convertido en obstáculos que parecen insalvables o, al menos, excesivamente lentos. Mientras se adelantan los densos procesos judiciales y administrativos a través de los cuales se intenta monetizar esos activos, los años pasan para las madres/padres, los niños/las niñas, las personas adultas mayores y demás afectados por las masacres, los desplazamientos forzados, la pérdida de seres queridos, vecinos y demás familiares, así como los daños en sus propios cuerpos físicos y territorios, en numerosos casos. Entre tanto, los funcionarios y contratistas del FRV, tal vez más que nadie, conocen los inconvenientes a los que se enfrentan a diario cuando intentan cumplir su tarea legal. Al fin y al cabo, son ellos quienes deben poner la cara a las organizaciones de víctimas, entes de control, a las personas a título individual y, al mismo tiempo, atender requerimientos en los estrados judiciales, a través de diferentes documentos, dentro de los trámites que necesitan sortear para, finalmente, lograr convertir en dinero activos que, con frecuencia, se encuentran en zonas apartadas de los cascos urbanos, en regiones en donde instituciones civiles del Estado no están en capacidad de hacer presencia y ofrecer las suficientes medidas para garantizar la seguridad de esos mismos funcionarios. Con la investigación se podrán mostrar las dificultades en la administración y monetización de los bienes entregados en el proceso de Justicia y Paz, lo cual repercute en el cumplimiento de pago de indemnizaciones a las víctimas beneficiarias en dicho proceso para contribuir a la toma de decisiones en pro del cumplimiento de los compromisos con las víctimas vinculadas en la reparación por la Ley 975/2005. Por otra parte, este estudio es necesario ya que con él se pretende identificar la realidad de los bienes, la proyección, los avances y los desafíos a la luz de una posible indemnización, con los recursos obtenidos por la administración y monetización de los bienes a cargo del FRV.