Estudio de casos de vulneración de derechos humanos en población víctima del conflicto interno armado, asentada en el municipio de Guasca Cundinamarca en los años 2017 y 2018.

Abstract

Colombia desde el año 1994, diseñó una política de atención a la población desplazada a través de la Ley 387 de1997, buscando proteger derechos de las personas desplazadas, delegando su protección y la prevención de las causas del desplazamiento forzado en cabeza de las autoridades competentes, también creó la Consejería Presidencial para los Desplazados (Decreto 1165 del 28 de abril de 1997), encargada junto con la Unidad Especial para los Derechos Humanos del Ministerio del Interior, de coordinar las iniciativas estatales y privadas alrededor del tema. En el año 2011, el Congreso de la República aprobó la Ley 1148, conocida como Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, con el objetivo de proporcionar una reparación integral a las víctimas del conflicto armado de nuestro país. Dicha reparación se diseñó con el objetivo de superar el enfoque de la indemnización económica, incluyendo medidas como proporcionar asistencia psicosocial, viviendas dignas o la restitución de tierras; pero también medidas simbólicas, refiriéndolos al establecimiento del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Victimas, que se celebra el día 9 de abril. La Ley generó muchas expectativas entre las víctimas y fue presentada como un instrumento que aspiraba a reparar, pero también a trasformar “las vidas” y la situación de las víctimas.