Vulneración del Derecho al Agua Potable en el Sector Rural de Togüí, Boyacá

Abstract

El acceso al agua potable es una condición sine qua non para la vida digna, la salud pública y el disfrute efectivo de una gama extensa de derechos económicos, sociales y culturales. No se trata meramente de un recurso natural, sino de un derecho humano fundamental autónomo, reconocido explícitamente por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2010 como indispensable para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos. Esta declaración vincula directamente a los Estados a garantizar la disponibilidad, calidad, accesibilidad y aceptabilidad del agua para toda su población. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2023) reitera que el agua es nuestro futuro común y subraya la imperiosa necesidad de actuar de manera conjunta para gestionarla sosteniblemente y compartirla con equidad, un principio que choca frontalmente con las realidades territoriales de municipios con alta dispersión rural. En el contexto colombiano, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha desarrollado de manera profunda y progresiva el derecho al agua potable, elevándolo a la categoría de derecho fundamental susceptible de protección inmediata mediante mecanismos como la Acción de Tutela. Sentencias hito han forzado a las autoridades de todos los niveles —nacional, departamental y municipal— a adoptar políticas públicas efectivas y medidas diferenciadas y proactivas para asegurar su prestación, prestando especial atención a las poblaciones en condiciones de vulnerabilidad y, críticamente, a las zonas rurales dispersas. El marco normativo colombiano, centrado en la Ley 142 de 1994 para servicios públicos domiciliarios, establece el esquema de prestación, pero ha demostrado ser ineficaz e insuficiente para abordar las particularidades técnicas, institucionales y financieras del sector rural. Por esta razón, políticas y programas como el CONPES y el Programa PRASSAR (Programa de Aseguramiento de la Prestación de los Servicios de Agua y Saneamiento en Zonas Rurales) han buscado, al menos en el papel, cerrar la persistente y alarmante brecha entre los indicadores de calidad y cobertura urbana y rural.