Apoyo a la Secretaría Jurídica en la Actualización y Fortalecimiento de la Política para la Prevención del Daño Antijurídico en el Municipio de Floridablanca, Santander

Abstract

los Organizaciones multilaterales, como la ONU, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), han enfatizado la necesidad de mejorar la administración pública. Su enfoque se centra en fortalecer la gobernanza, es decir, gobernar con transparencia, garantizar el acceso a la información pública y defender siempre el interés colectivo. Un claro ejemplo de esto es el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 16 de la Agenda 2030 (ONU, 2015)Este objetivo específico busca asegurar que las instituciones sean eficaces, responsables e inclusivas, garantizando un fácil acceso público a la información relevante. Al mismo tiempo, el BID y el Banco Mundial han sido impulsores clave en la promoción de políticas de "gobierno abierto" y "datos abiertos". Estas iniciativas tienen un triple propósito: frenar la corrupción, estimular la innovación y, fundamentalmente, alentar a la ciudadanía a participar activamente en la gestión de sus gobiernos (Banco interamericano de Desarrollo, 2012). En Colombia, cuenta con una sólida estructura legal diseñada para mejorar la gestión gubernamental y prevenir graves problemas legales. El país ha adoptado un sólido marco regulatorio. Entre las leyes claves se incluyen: Ley 1437 de 2011, conocida como Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Congreso de la República, 2011a) El Estatuto Anticorrupción (Ley 1474 de 2011) (Congreso de la República, 2011b)La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2014) (Congreso de la República, 2014) Además, el Decreto 1069 de 2015 (Presidencia de la República de Colombia, 2015)formalizó la importancia de las Políticas de Prevención de Daños Ilícitos (PPDA). Estas políticas constituyen una estrategia fundamental para la protección del patrimonio estatal. A nivel departamental, Santander integra todas estas normativas en sus propios planes de desarrollo. El objetivo es claro: impulsar la transformación digital, asegurar la transparencia y mejorar la eficiencia de la gestión pública en todo el territorio.