El convenio solidario como alternativa a la contratación pública para la satisfacción de necesidades en la Comunidad del Municipio de El Tambo, Nariño (2020-2023)

Abstract

La contratación pública en Colombia constituye una herramienta esencial para la satisfacción de necesidades y el cumplimiento de los fines misionales del Estado (Función Pública, 2018), en tanto se orientan a servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar principios, derechos y deberes constitucionales (Constitución Política de 1991, artículo 2); es la forma que tiene el Estado para adquirir bienes y servicios y así prestar efectivamente los servicios públicos a su cargo (Expósito, 2018). Su ejercicio, no obstante, ha sido objeto de múltiples debates y controversias, suscitadas ante variadas y lamentables dificultades que han afectado su normal funcionamiento; una de ellas, está relacionada con la corrupción administrativa caracterizada por manejos indebidos del patrimonio estatal, que al final, coartan la capacidad del Estado para responder a las necesidades de la ciudadanía e incrementan la desconfianza de la sociedad civil sobre el actuar del gobierno. Por otro lado, se encuentra la ineficiencia fiscal, asociada a gastos administrativos excesivos y/o derroches presupuestarios durante los procesos de contratación, que repercuten en bajos estándares de calidad y una cobertura insuficiente de los bienes y servicios que el Estado tiene a su cargo ofrecer; y por último, la escasa participación comunitaria en escenarios decisorios de la ciudadanía, que en algunas oportunidades se muestra ajena y desconfiada de la administración pública. La figura jurídica de los Convenios Solidarios, emerge como una apuesta institucional, comunitaria, económica y social, dirigida a derribar o cuando menos, mitigar estas problemáticas, principalmente aquellas que afectan la eficiencia fiscal y la participación ciudadana, toda vez que permite la acción directa de los organismos de acción comunal en la construcción de obras requeridas para las comunidades que representan; y junto al aporte y supervisión de los entes territoriales del Estado, promueve al desarrollo de las comunidades, y contribuye a un mayor cumplimiento de dos principios de la contratación pública: la eficiencia y la transparencia.