Evaluación la efectividad de la Política Pública de Agua Potable y Saneamiento Básico en el municipio del Patía (2010–2019), identificando los factores administrativos, sociales y financieros que han influido en su implementación

Abstract

El acceso al agua potable y al saneamiento básico constituye uno de los pilares fundamentales del desarrollo humano, al incidir directamente en la salud, la dignidad y las oportunidades de las personas. En el marco de las libertades humanas, Sen (2000) plantea que la expansión de capacidades depende de condiciones materiales mínimas que permitan a los individuos vivir de manera plena y participar activamente en su sociedad. En Colombia, estos servicios han sido reconocidos como elementos esenciales para garantizar el bienestar, reducir la mortalidad y promover la equidad territorial (PNUD, 2011). Sin embargo, la distribución desigual entre zonas urbanas y rurales, así como las limitaciones en infraestructura y gestión, continúan representando desafíos significativos para el país. De acuerdo con la Gran Encuesta Integrada de Hogares (DANE, 2013), aunque las áreas urbanas registran coberturas superiores al 90 % en acueducto y alcantarillado, las zonas rurales muestran rezagos persistentes, lo que evidencia brechas estructurales que afectan el ejercicio del derecho fundamental al agua, reconocido por la Corte Constitucional (2011).

En Colombia, el diseño institucional del sector se ha consolidado a través de un conjunto de políticas, leyes y lineamientos técnicos que buscan mejorar la prestación de los servicios públicos domiciliarios. La Ley 142 de 1994 definió las bases para la modernización del sector, promoviendo esquemas empresariales y la participación de distintos tipos de operadores (Congreso de la República, 1994). Posteriormente, las Leyes 715 de 2001 y 1176 de 2007 establecieron los criterios de distribución de recursos y competencias territoriales, especialmente para garantizar condiciones de acceso equitativas en municipios con capacidades financieras limitadas (Congreso de la República, 2001; 2007). A nivel estratégico, los documentos CONPES 3383 (DNP, 2005) y 3463 (DNP, 2007) consolidaron la política sectorial e impulsaron los Planes Departamentales de Agua (PDA), orientados a mejorar la eficiencia institucional y la articulación territorial. No obstante, diversos estudios han señalado tensiones entre los enfoques de mercado y las responsabilidades estatales, advirtiendo posibles riesgos de inequidad y limitada efectividad (Cardona López, 2010; Urrea & Cárdenas, 2011; Banco de la República, 2011).