¿Por qué es necesario reglamentar el funcionamiento de los internados en Colombia? Putumayo como caso específico de análisis.

Abstract

En el presente documento se hace una descripción y sustentación general de la problemática que me interesa abordar en el ensayo, como trabajo de grado. A continuación, explicaré brevemente por qué los internados en el Putumayo requieren que haya una política pública que regule la atención integral de los niños, niñas y adolescentes (NNA) que se benefician de ellos. En síntesis, lo que sucede en el Putumayo, es la muestra de que el proceso de descentralización que se fue consolidando en el país, a partir de la Constitución de 1991, fue haciendo invisible progresivamente la estrategia de internados escolares. La Ley 115 de 1994 y, posteriormente, la Ley 715 de 2001, junto con toda su reglamentación correspondiente hasta la fecha, no contemplaron esta estrategia explícitamente, incluso se llegó a pensar en el nivel central que había desaparecido; sin embargo, para mucha población dispersa, habitantes el territorio, ubicados en zonas de difícil acceso, la estrategia de internado escolar seguía siendo la única oportunidad para acceder y permanecer en el sistema educativo.

En el cuerpo de este ensayo, mencionaré cómo a raíz de esta desinformación, el Ministerio de Educación Nacional suscribió un convenio de cooperación internacional con UNICEF, el Consejo Noruego para los Refugiados y la Corporación Opción Legal, con el fin de realizar un estudio denominado “Diagnóstico Situación de los Internados Escolares en Colombia 2013”, Este diagnóstico, entre otros aspectos, evidencia que al 2013 existía un déficit del 85% en los recursos necesarios para cubrir los costos básicos de funcionamiento del servicio de internado

escolar, por lo que sus directivos tienen que recurrir a otras fuentes de financiación como recursos de regalías, recursos del departamento, del municipio o aportes de padres de familia, para cubrir dicho déficit. De acuerdo con esto, se toma como referente fundamental de análisis que la educación es una obligación constitucional del Estado y componente principal en los planes de desarrollo, tanto nacionales como de las entidades territoriales. Por lo tanto, toda la comunidad, en especial los niños y los adolescentes deben acceder a una educación prescolar, básica y media, con calidad y pertinencia.