Análisis de cumplimiento de la sentencia T-724 de 2003 proferida por la corte constitucional, enfocada a la creación e implementación de acciones afirmativas para l@s recicladores de oficio presentes en la ciudad de Bogotá

Abstract

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad realizar un análisis de cumplimiento de las acciones afirmativas implementadas por las entidades del distrito capital, enfocadas al cumplimiento de lo ordenado por la corte constitucional según la sentencia T-724 de 2003, para con la población recicladora la cual ha sido vulnerada por décadas debido al desconocimiento de su labor, la sentencia es el resultado de un proceso legal interpuesto por la Asociación de Recicladores de Bogotá-ARB en cabeza del señor Silvio Rodríguez y la señora Nohora Padilla quienes exigían el reconocimiento de las población recicladora y las asociaciones constituidas por ellos mismos como actores esenciales para el servicio de aprovechamiento. Teniendo en cuenta lo anterior las entidades del Estado y del Distrito deben adoptar acciones afirmativas las cuales garanticen el cumplimiento de los fines esenciales del Estado y de las necesidades de la población recicladora, estas acciones son de cumplimiento obligatorio.

The purpose of this research work is to carry out an analysis of compliance with the affirmative actions implemented by the entities of the capital district, focused on compliance with what was ordered by the constitutional court according to ruling T-724 of 2003, for the recycling population. which has been violated for decades due to ignorance of its work, the sentence is the result of a legal process filed by the association of recyclers of Bogotá ARB headed by Mr. Silvio Rodriguez and Mrs. Nohora Padilla who demanded the recognition of the recycling population and the associations established by themselves as essential actors for the utilization service. Taking into account the above, the state and district entities must adoptaffirmative actions which guarantee compliance with the essential purposes of the state and the needs of the recycling population; these actions are mandatory.