Acompañamiento al proceso de formulación de proyectos asociado al Ciclo de Vida del Proyecto

Abstract

La Comisión Económica para América Latina define la autonomía para las mujeres como la capacidad y las condiciones concretas que tienen ellas para tomar libremente las decisiones que afectan sus vidas. Para lograrlo, se necesita poner fin a las violencias contra las mujeres, garantizando sus derechos sexuales y sus derechos reproductivos, fomentando su participación política en los diferentes espacios y niveles de representación institucional, lo cual les permitirá ingresos dignos que incrementen su autonomía económica, calidad de vida tanto a ellas como a sus dependientes. Las desigualdades sociales entre hombres y mujeres tienen antiguas raíces a partir del patriarcado y sus manifestaciones, se encuentran en todos los ámbitos de la vida social, en donde por años, las mujeres han sufrido un sin número de violencias, y discriminaciones por su condición de ser mujer. Las brechas son aún más grandes en la autonomía económica y más si se habla de las mujeres de comunidades indígenas. De acuerdo con la CEPAL, la autonomía económica se define como “la capacidad de las mujeres para generar ingresos y recursos propios para el acceso al trabajo remunerado en igualdad de condiciones que los hombres” (CEPAL, 2023). En este sentido, puede ser vista desde dos perspectivas, la generación de ingresos dignos y la educación con equidad para las mujeres. En Colombia, no siendo ajeno el municipio de El Bagre en el departamento de Antioquia, las mujeres indígenas suelen enfrentar formas diversas y sucesivas de discriminación histórica que se combinan y se superponen, exponiéndolas a violaciones de derechos humanos en todos los aspectos de su vida cotidiana, desde sus derechos civiles y políticos, sus derechos a acceder a la justicia, hasta sus derechos económicos, sociales, culturales y su derecho a vivir sin violencia (Defensoria del pueblo, 2022-2023). Los diversos obstáculos que las mujeres indígenas enfrentan están representados en pocas oportunidades para acceder al mercado laboral, dificultades geográficas y económicas para tener acceso a servicios de salud y educación, limitantes a programas y servicios sociales, tasas elevadas de analfabetismo, escasa participación en los procesos políticos y marginación social. La exclusión política, social y económica de las mujeres indígenas contribuye a una situación permanente de discriminación estructural, que las vuelve particularmente susceptibles a diversos actos de violencia. Pero, aunque sean sujetos de discriminación y de violación a sus derechos humanos, las mujeres indígenas no deben ser percibidas solamente como víctimas. Ellas han desempeñado un papel decisivo en la lucha por la autodeterminación de sus pueblos y sus derechos como mujeres, siendo conocidas como garantes de la cultura y jugando un papel fundamental en sus familias, sus comunidades, sus países, así como de manera importante también en el ámbito internacional. Se debe reconocer a las mujeres indígenas su derecho de participar activamente en todos los sectores. Dada la situación descrita, se busca una diversificación económica, empoderando a las mujeres pertenecientes a esta población, contribuyendo al cierre de brechas en materia de autonomía económica y acceso a empleo, como se presenta en este documento, a través de granja productiva de gallinas ponedoras para cada comunidad indígena, mediante la producción y comercialización de sus huevos y contribuyendo así al desarrollo económico del municipio.