Impactos de la política nacional minera y retos del movimiento cívico ambiental "por el agua y por la vida", para impulsar alternativas al desarrollo desde la óptica del agroecoturismo en los municipios de Arcabuco y Gachantivá de la provincia del alto Ricaurte - Boyacá.

Abstract

Los desaciertos de la actividad minera en Colombia durante los últimos veinte años, han evidenciado un aumento de la conflictividad en materia ambiental, social, económica, tributaria y territorial, revelando el incumpliendo por parte del Estado Nacional para proteger y administrar los Recursos Naturales No Renovables (RNNR) en nombre de la sociedad. En consecuencia, lo que evidenciamos en el país desde la implementación de la Ley 685 del año 2001(Código de Minas), es el incumplimiento en lograr preservar condiciones humanas e integrales en la calidad de vida, y el fortalecimiento social y económico de las comunidades y zonas del país, especialmente donde se han materializado actividades minero extractivas. El actual Código de Minas, ha revelado el incremento del consumo excesivo de los bienes de la naturaleza mediante el modelo extractivo de economía que ha sido organizado para las regiones del país, lo cual se ha ocasionado durante los últimos veinte años por la poca preocupación de las administraciones centrales y las elites empresariales para conservar el patrimonio natural, esto ha ocasionado de manera permanente el agotamiento de los recursos naturales para dar preferencia a los intereses de las fuerzas del mercado y del sector privado. Por lo tanto, desde el código que fue reformado durante la administración Pastrana, se ha reflejado el interés de los gobiernos siguientes de Uribe y Santos para consolidar el desarrollo de la actividad minera y el sector institucional, esencialmente como “locomotora” de crecimiento económico para el país, las finanzas públicas y las entidades territoriales; lo cual en los últimos años se ha puesto en duda, debido al aumento de conflictos socioambientales y la ausencia del Estado y las autoridades ambientales para conservar los recursos naturales y los ecosistemas estratégicos de las entidades territoriales. En consecuencia, la política minera del país se acentúa en proteger los intereses privados de las empresas nacionales y extranjeras, mediante las facultades otorgadas en el código de minas para brindar seguridad jurídica a la propiedad privada y a la confianza inversionista, siendo estos los principales propósitos de las últimas administraciones centrales.