Análisis a la garantía y goce de derechos en el Distrito Capital para el periodo 2012-2017.

Abstract

Un objetivo fundamental de la administración pública es contar con un Estado capaz de proveer de manera eficaz, oportuna, eficiente y con criterios de equidad, los bienes y servicios públicos que requiere la población. Bajo esta premisa, desde comienzos de los años 90, organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y la Comisión Económica para América Latina (CEPAL/ONU) entre otras, han dedicado parte de sus estudios al análisis, desarrollo y promoción de herramientas de gestión pública que permitan mejorar la eficacia y el impacto de las políticas y programas públicos, incrementar la eficiencia y la transparencia en la programación y asignación de los recursos, y estimular el control ciudadano a la gestión pública (DNP, 2008, pág. 17). Así, la discusión del papel de las finanzas del sector público2 ha tomado mayor relevancia en todos los países de la región; en general, existe un consenso sobre la necesidad de fortalecer todos los procesos alrededor de la Inversión Pública –IP-, puesto que juega un papel determinante cuando de asegurar la estabilidad económica se trata. De la misma forma, por medio del presupuesto, se persigue que la IP refleje una asignación eficiente de recursos para mejorar la calidad del gasto público. En consecuencia, la importancia de la IP radica en que es el principal elemento de creación de valor público y es determinante en el crecimiento económico (INDES, 2011).