Políticas públicas en la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en Colombia

Abstract

En la sentencia C-355 de 2006 se establecen las directrices para asegurar el debido y adecuado acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y ello constituyó un verdadero hito para la jurisprudencia colombiana, puesto que al otorgar protagonismo a la integridad y a la vida de la mujer se la reconoció con toda claridad como sujeto titular de derechos humanos, sexuales y reproductivos que debían ser salvaguardados por el Estado y reconocidos por la sociedad. El Ministerio de Salud identificó el aborto inseguro o clandestino como un problema de salud pública que conducía a la mujer a la ilegalidad por un lado y a tremendos riesgos de salud por otro a su vez el colectivo social identificó a la violencia de género como fuente continua de embarazo no deseado. La sentencia en mención intenta balancear una y otra circunstancia al considerar unas condiciones en las cuales puede llevarse a cabo la IVE. El Estado debe mediante la formulación de una política pública asegurar una estrategia eficaz y eficiente que permita el cumplimiento de la sentencia, muy especialmente dirigida a los grupos vulnerables de la población como los adolescentes, las mujeres víctimas de violencia sexual y a las mujeres de escasos recursos. De igual forma esta política debe mantener la certeza que dio la Corte al cuerpo médico para ejercer la objeción de conciencia, de forma que en su desarrollo corresponde al Estado establecer la forma incluyente que permitan al personal de salud expresar sus íntimas convicciones que si bien pueden desembocar en una objeción a realizar el procedimiento de manera alguna pueden constituirse en barreras al acceso franco a la IVE.