Derechos humanos. Unidad didáctica 1: Inversión social y gasto público

Abstract

El Estado democrático como organización social, cuya soberanía es reconocida por el Derecho Internacional, asume responsabilidades sociales que atiende a través de los gobiernos. En cumplimiento de tales responsabilidades, destina recursos para atender, especialmente, a la población más vulnerable, y en general, en correspondencia con sus fines, busca alcanzar las aspiraciones de su población, por lo cual debe realizar constante inversión social. Sin embargo, la inversión social materializada en proyectos requiere de partidas destinadas al funcionamiento y al pago del dinero conseguido para el logro de los objetivos propuestos (si son originados en los préstamos, por ejemplo). La partida destinada a hacer realmente cambiante la situación, la propiamente denominada inversión, es la que se hace evidente en el mediano y largo plazo, ya que muestra los resultados de la intervención, seguramente no en incremento de recursos financieros, pero sin duda sí en las condiciones de vida de la población que deberá tornarse más independiente en la gestión de su bienestar. Pero se requiere de planes, programas y proyectos que superen la barrera de la implementación y entreguen resultados contundentes, evaluados más allá del presupuesto programado/ejecutado o de la relación costo-beneficio. El Estado debe cualificar los instrumentos de focalización para la inversión social, y, lo más importante, debe cualificar a la ciudadanía en la búsqueda de un ejercicio mancomunado para el logro de impactos en la sociedad desde la inversión. Debe también incorporar acciones que promuevan y protejan los Derechos Humanos en correspondencia con los Objetivos de Desarrollo del Milenio.